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Community Psychology and social policies: Actors and institutions

Community Psychology and social policies: Actors and institutions by  Jaime Alfaro Inzuza

Author(s): Jaime Alfaro Inzuza

resumen:

Community Psychology and social policies: Actor dynamics and institutions
Jaime Alfaro
Universidad del Desarrollo, Chile

This article seeks to analyze the relationship between community psychology and social policy, given the growth in interest in their interaction, both in in terms of the issues covered (from mental health to social problems) and the regions concerned (North America, Europe, and Latin America).

The article describes the experience of community psychology contributing to the phases of the social policy cycle; the effects of social policy on the development and institutionalization of community ps ychology in the university, as well as the risks and tensions of this relationship for our discipline. Based on an analysis of the complexity of the contribution of community psychology to support the social policy process, the article proposes a framework for understanding this relationship that considers: a) the different institutional and regulatory frameworks that define policy, and the multilevel dynamics within which these are constructed, b) the role of multiple actors (governmental, professional, social and academic), and their influence, struggle, forms of interaction-negotiation and coalition, cultural differences and interests, as well as c) the  process of encounter and debate among interpretations and frames of meaning, structured as contexts, or open stages in which forces and political options the definition of problems and their solutions has particular importance.

Palabras claves: Psicología Comunitaria; Políticas Sociales; Acción comunitaria en política social

artículo:

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Presentación
A base de la exposición y análisis de las características contradictorias y tensionadas del vínculo entre la psicología comunitaria y las políticas sociales, se propone y fundamenta la necesidad de tener en cuenta aspectos institucionales propios de las políticas sociales, así como también aspectos relacionados con las dinámicas de actores sociales. Esto se plantea en virtud de la importancia de estos en la configuración y organización de las políticas, que afectan y condicionan la inserción y participación de la psicología comunitaria en estos contextos.

Se parte de dos consideraciones básicas: (1) la constatación de las potencialidades y de la relevancia social y política de la participación además de la contribución de los psicólogos y psicólogas comunitarios en políticas sociales; (2) la importancia y el aporte que tiene para la disciplina el entender como también desarrollar líneas de investigación y abordaje de los límites, tensiones, riesgos que, según expondremos, se generan en el proceso de inserción y uso de recursos conceptuales y técnicos en programas y políticas sociales.

Con este propósito, en un primer apartado se expone una revisión general de literatura respecto de:  a) los períodos temporales y las regiones en que se ha reportado esta vinculación, b) los focos y ámbitos de intervención en que ha ocurrido el proceso de contribución e influencia de la psicología comunitaria hacia las políticas públicas y viceversa; y también c) la discusión respecto de la tensión y los riesgos que entraña el desencuentro entre las orientaciones y modelos de las políticas, las definiciones y los principios éticos y técnicos de la psicología comunitaria.

En un segundo apartado, se expone una revisión de literatura producida tanto desde la psicología comunitaria, como desde los debates internos a las políticas sociales, que aportan elementos sobre las dimensiones que permiten comprender las formas, diversidad y particularidades de la relación entre psicología comunitaria y políticas sociales que se reporta en el apartado anterior.

Específicamente, se analiza la relevancia que adquieren: a) las nociones y funciones de las políticas sociales y los diversos marcos institucionales y normativos que las delimitan, y que están en su base;  y b) los procesos de encuentro y lucha de interpretaciones tanto como de marcos de sentido que se estructuran como escenarios donde se despliegan fuerzas y opciones políticas, ideológicas y disciplinares. Estas se materializan en procesos de negociación, en los cuales tienen un valor relevante el papel de actores múltiples (gubernamentales, profesionales, sociales y académicos  cuyas luchas de influencia, formas de interacción-negociación y coalición son de gran importancia. 

Psicología comunitaria y políticas sociales: Trayectoria, contribución mutua y tensión
El vínculo entre políticas sociales y psicología comunitaria aparece en la literatura sobre la disciplina como una dimensión relevante desde su origen, enlazada con el objeto y propósito de su intervención. Según autores clásicos, como Bennett, Anderson, Cooper, Hassol, Klein & Rosenblum (1966) y Rappaport (1977), y según revisiones más actuales relacionadas al tema, como las de Phillips (2000), Burton, Boyle, Harris & Kagan (2007), y Bishop, Vicary, Browne & Guard (2009), la transformación de las políticas sociales en los años sesenta tuvo incidencia en el origen de la psicología comunitaria.

Esta vinculación histórica estaría relacionada con tres factores: a) los valores y encuadres básicos compartidos en el campo de las políticas sociales de la época y la psicología comunitaria (Bennett et al., 1966; Rappaport, 1977; Phillips, 2000); b) la relevancia de las políticas públicas y sociales como componentes del objeto sobre el que actúa la psicología comunitaria (Rappaport, 1977; Phillips, 2000); y por último, c) al cambio en los objetivos profesionales y científicos que provocaron las políticas (Bishop et al., 2009; Serrano, Colón & Díaz, 2005; Shinn, 2007).

Por otra parte, desde esta revisión de antecedentes, se desprende que este vínculo se incrementó hacia los años ochenta, y sobre todo los noventa, e incluyó no sólo dimensiones como la salud mental, tal como fue en sus inicios, sino que el conjunto de las áreas de la intervención social, a la vez que tuvo presencia en diversas realidades regionales. En el caso de Norteamérica, varios autores (entre otros Bishop et al., 2009; Perkins, 1995; Shinn, 2007) han establecido que la participación de la psicología y los psicólogos y psicólogas comunitarios se extendió hacia las acciones sociales implementadas en el marco de políticas públicas relativas a fenómenos sociales múltiples. Del mismo modo, en Europa, desde los años ochenta, los psicólogos y psicólogas comunitarios se habrían involucrado cada vez más en las acciones de política social y de los sistemas de servicios sociales, y en las múltiples problemáticas que abordan (Burton et al., 2007). En América Latina, de igual modo, durante los años noventa, este lazo se habría extendido y consolidado en áreas de acción vinculadas con la pobreza y la desigualdad, entre otras (Alfaro, 2007; Arrieta & Garita, 2012; Freitas 2000; Gonçalvez, 2010; Krause, 2002; Lapalma & De Lellis, 2012; Martínez et al., 2009; Montero, 2010; Rodríguez, 2012).

Junto a estas características, se ahonda además en el proceso de contribución e influencia mutua entre la psicología comunitaria y las políticas sociales. Respecto de ello diversos autores y autoras destacan, en primer lugar, los aportes hechos a base de su condición de disciplina científica y, en segundo lugar, los aportes derivados del acervo conceptual y técnico de la psicología comunitaria. Respecto del primero, habría aportado insumos de conocimiento científico en los distintos niveles o fases del ciclo de las políticas públicas, tales como la formulación, la fundamentación, el diseño, la ejecución, el seguimiento, la evaluación y la fijación de prioridades (Bishop et al., 2009; Ornelas, Vargas-Moniz & Madeira, 2012; Perkins, 1995; Phillips, 2000; Rappaport, 1977; Rodríguez, 2012).En relación con el segundo, se establece un conjunto amplio de contribuciones referidas a dimensiones que incluyen la perspectiva ecológica (Phillips, 2000; Teixeira, Loja, Costa & Menezes, 2012), el desarrollo de procesos participativos y de empoderamiento (Bishop et al., 2009; Burton & Kagan, 2003; Carvallo & Serrano-García, Lapalma & De Lellis, 2012; Montero, 2010; Ornelas et al., 2012; Perkins, 1995; Phillips, 2000; 2008), el trabajo en redes y coaliciones comunitarias (Martínez & Martínez, 2003), hasta una contribución metodológica (Arrieta & Garita, 2012; Lapalma & De Lellis, 2012).

En cuanto a la incidencia de las políticas sociales sobre el desarrollo de la psicología comunitaria, en la literatura se discuten básicamente tres aspectos; (1) el encuadre de valores y discursos de las políticas, y particularmente, su incidencia sobre el marco de orientación de las diversas prácticas de intervención social posibles; (2) los campos de quehacer profesionales y áreas de desarrollo académico que las políticas sociales abren, es decir, al aumento de prácticas de aplicación y uso de recursos técnicos y conceptuales, y el consiguiente enriquecimiento y potenciamiento de la psicología comunitaria; y (3) como consecuencia de lo anterior, se habría producido y/o ampliado un proceso de institucionalización universitaria de la disciplina. El desarrollo de espacios de formación de pre y post grado, se vincula a la generación de mejores condiciones materiales para su desarrollo académico y de investigación disciplinar.

Sobre el primer nivel de esta influencia, Burton et al. (2007), Alfaro (2007), Arrieta & Garita (2012) y Teixeira et al. (2012), entre otros, relacionan el proceso de desarrollo y cambio de las políticas sociales con la evolución de la psicología comunitaria. En lo que se refiere a las orientaciones de acción en la comunidad que pueden implementarse, se discute respecto del vínculo de éstas con las estrategias de desarrollo del país, afectando con ello directamente la práctica profesional de los psicólogos y psicólogas comunitarios. En este mismo sentido, autores y autoras como Shinn (2007) y Ornelas et al. (2012), entre otros, señalan que es fundamental considerar que las políticas sociales conllevan diferentes visiones o filosofías que inciden en las posibilidades que encuentran las acciones derivadas desde la disciplina. A tal punto que la existencia misma del campo comunitario como espacio de acción se ve afectado por el espacio que las políticas públicas le otorguen (Alfaro, 2007; Burton et al., 2007; Rodríguez, 2009; Teixeira et al., 2012).

Respecto del segundo nivel, basándose en planteamientos de autores y autoras como Marcoux et al. (2009),  Dugravier et al. (2009) y Rodríguez (2009), entre otros, podemos establecer que el proceso de contribución a las políticas sociales, que señalábamos antes, habría generado condiciones, espacios y oportunidades para el desarrollo de quehaceres y experiencias. Así también habría permitido la puesta en uso de técnicas propias de la disciplina, en diversos campos, en acciones frente a distintas problemáticas, niveles de acción, áreas programáticas, y estrategias de trabajo que en su conjunto habrían repercutido en la psicología comunitaria, potenciando la diversificación, la innovación y el enriquecimiento de las prácticas profesionales y académicas propias de ésta.

De esta manera se favorecen prácticas como: las de evaluación y el asesoramiento por medio de la investigación-acción; y la elaboración e implementación de políticas dirigidas a grupos en situaciones de vulnerabilidad y marginación, en ámbitos relacionados con la participación de asociaciones de usuarios, pacientes y familias. También se favorece la activación de procesos de cambio de las políticas sociales, mediante procesos de politización de la participación social y fortalecimiento de la sociedad civil en las políticas de pobreza y contra la exclusión.

Respecto del tercer nivel de influencia, la literatura revisada muestra, por una parte, una creciente demanda de psicólogos y psicólogas comunitarios, en Latinoamérica, como en Brasil (Freitas, 2000; Gonçalves, 2010), Argentina (Lapalma & De Lellis, 2012), Chile (Alfaro, 2000, 2007; Krause, 2002; Martínez et al., 2009), Uruguay (Rodríguez, 2009), Puerto Rico (Carvallo & Serrano-García, 2008), Costa Rica (Arrieta & Garita, 2012), en Europa y los Estados Unidos (Burton et al., 2007; Phillips, 2000; Shinn, 2007) y en Nueva Zelanda y Australia (Gridley, Fisher, Thomas & Bishop, 2007).

Lo anterior, enlazado con el uso del acervo de la disciplina (que ya señalábamos) a nivel legislativo y gubernamental, como base para el diseño de acciones, en todas fases del ciclo de las políticas, ha favorecido y repercutido sobre la institucionalización universitaria de la disciplina (Alfaro, 2000; Burton et al., 2007; Krause, 2002; Lapalma & De Lellis, 2012; Martínez et al., 2009; Rodríguez, 2012). 

A la vez, como señalan autores como Perkins (1995) y Shinn (2007), entre otros, la participación en políticas sociales ha favorecido un mayor reconocimiento y validez científica, contribuyendo a un incremento de la calidad de la investigación y la pertinencia de su uso. Se favorece, a su vez, un creciente apoyo público a la investigación, permitiendo innovaciones y avances en la medida que las nociones, ideas y estrategias se enfrentan al desafío de responder nuevas preguntas, y a la exigencia de  integrar y dialogar con otras disciplinas, a la vez que se retroalimenta desde las experiencias de aplicación directa que enfrenta.

No obstante lo anterior, según recogemos de un conjunto de otros reportes, el vínculo entre psicología comunitaria y políticas sociales entraña tensiones, complejidades y vacíos.  Específicamente se reporta un conjunto de tensiones y desencuentros entre las orientaciones propias de la psicología comunitaria y determinados encuadres de las políticas sociales, que afectan su vocación crítica y su capacidad para generar cambios sociales (Freitas, 2000; Krause, 2002; Lapalma & De Lellis, 2012; Montero, 2010;Rodríguez, 2009). Esto limitaría la aplicación y uso efectivo de principios técnicos específicos propios de la psicología comunitaria, tales como la generación de participación social, el empoderamiento y el desarrollo de procesos bottom-up, en el marco de las políticas sociales (Alfaro, 2011; Alfaro & Zambrano, 2009; Bishop et al., 2009; Burton et al., 2007; Freitas, 1998, 2000; Krause, 2002; Lapalma & De Lellis, 2012;  Montero, 2010;  Rodríguez, 2009).
El análisis sobre esta situación de tensión y riesgo refiere a la presencia de determinados modelos de políticas sociales, caracterizados por sus formas asistenciales, paliativas, centradas en el déficit o compensatorias, que derivan de concepciones subsidiarias del rol del Estado en materia de políticas sociales (Giorgi, 2005; Gonçalves, 2010; Krause, 2002; Rodríguez, 2009; Teixeira et al., 2012).

Relevancia de la institucionalidad y la dinámica de actores en análisis del vínculo entre  psicología comunitaria y políticas sociales 
De cara a comprender la forma y variación del vínculo que hasta ahora se ha presentado en la relación entre estos dos campos, con el objetivo de analizarlo y asumir una postura activa orientada a transformar e implementar un proceso de trabajo académico al respecto, revisaremos a continuación distintos aportes analíticos globales, tanto producidos desde la disciplina, como desde los debates internos de las políticas sociales.

Desde la psicología comunitaria se discute la necesidad de asumir que el conocimiento producido por si mismo no basta para sustentar procesos de influencia o de cambio de políticas públicas o sociales. En este sentido, Perkins (1995) señala que el efecto del conocimiento científico sobre las políticas no es directo, e incluso tiende a ser débil, siendo simplista considerar que una utilización mayor del conocimiento social, de por sí, redunda de forma automática en una mejora en las decisiones del gobierno.

Solarz (2001) ahonda en esta consideración señalando que el obstáculo principal no es que la psicología comunitaria cuente o no con conocimientos que le sirvan de base para influir en las políticas sociales, sino que más bien el principal límite es la capacidad que se tenga de comprender las tensiones y dificultades para dialogar que se generan entre agentes de la disciplina y quienes formulan las políticas. En consecuencia, se requiere asumir que, en las negociaciones y gestiones de poder entre escenarios académicos y políticos, es fundamental comprender que no rige la lógica pura, sino que entran en juego elementos de interpretación que son mucho más relevantes a la hora de llevar adelante una propuesta.

De esta manera, para pensar el cambio y la incidencia sobre las políticas. es necesario no sólo poner foco o énfasis en el conocimiento disciplinar, sino que es necesario asumir la complejidad del proceso de construcción de las políticas, y las especificidades de los distintos niveles de gobierno y  de sus actores. En este mismo sentido Shinn (2007) señala que aunque la psicología comunitaria puede influir, (puesto que aporta conocimientos en campos diversos), no es fácil que esto suceda, en la medida en que el conocimiento no se transforma automáticamente en cambios en la política y, por eso, debe atender también a la lógica de las políticas sociales.

Es interesante resaltar que desde el punto de vista de Shinn (2007), para influir en las políticas el científico/a social tiene que involucrarse en ellas (“bailar con el monstruo”) asumiendo que en ellas operan ideas, valores y marcos interpretativos que deben considerarse, no soslayando las dinámicas y características de agentes, funcionarios y funcionarias y profesionales que hacen las políticas.

Por su parte, Bishop et al. (2009) consideran que, para poder generar cambios en las políticas sociales, el psicólogo o psicóloga comunitario debe asumir su complejidad y deconstruirlas, determinando a quiénes afecta y estableciendo los contextos y cosmovisiones de las personas participantes desde una perspectiva multidisciplinaria. Esto es, situar el funcionamiento de los grupos participantes en un marco local, social, histórico y político amplio, asumir que las burocracias son parte del proceso y reconocer la diversidad, de modo de incorporar todos los puntos de vista, incluido el de la comunidad.

Es decir, como señala Perkins (1995), resulta fundamental que la psicología comunitaria esté familiarizada con las dinámicas políticas de quienes intervienen en este proceso. Esto es, no sólo que conozca la organización o nivel concreto involucrado, sino los distintos poderes y niveles –ejecutivo, legislativo y judicial– que inciden en la formulación de políticas, como también las asociaciones barriales y vecinales hasta las agencias federales e internacionales. Se deben considerar además las luchas y dinámicas de influencias en que están involucrados estos actores claves y su papel determinante, en las conexiones entre el contenido de las políticas y los programas y la teoría e investigación.

Resulta de gran relevancia asumir que la formulación de políticas es un proceso complejo en el que participan múltiples actores que poseen diferentes intereses. Esto exige en consecuencia: involucrarse a lo largo de todo el proceso, desde su formulación e implementación hasta su evaluación., trabajando en conjunto con profesionales, tomadores de decisiones y personas de la academia para transformar los discursos y la teoría en resultados tangibles y realistas en la prestación de servicios. Asumiendo que los funcionarios y funcionarias del gobierno y los/as responsables políticos, por un lado, y los investigadores e investigadoras, por otro, pertenecen a dos culturas diferentes  de manera tal que el  éxito o el fracaso en la aplicación de la ciencia social depende de que los científicos/as sociales logren armonizar los conocimientos científicos y los intereses políticos, y viceversa, que los responsables políticos consideren la habilidad política y los objetivos de los científicos/as (Perkins, 1995).

En igual sentido Phillips (2000) señala que la relación entre ciencia y política es compleja y denota una tensión múltiple; es de suma importancia entender la cultura política. Así, desde este punto de vista, los problemas en el vínculo entre psicólogos, psicólogas y formuladores/as de políticas se explican en gran medida por el desconocimiento que tendrían los psicólogos y psicólogas comunitarios de las políticas públicas. Este desconocimiento se puede dar en aspectos relevantes tales  como entender las restricciones y límites que constriñen las políticas (presupuestos, presiones políticas, etc.), o la relevancia que tienen los marcos institucionales y normativos que las delimitan.

Estas dimensiones de complejidad, resaltadas desde el debate y reflexión de la psicología comunitaria, se clarifican y precisan si integramos algunos aportes del debate interno de las políticas sociales. Un aspecto crucial es asumir que las políticas sociales no pueden entenderse como un campo neutro, inocuo, “transparente”, monolítico o estático, sino que deben concebirse como escenarios estructurados a partir de dimensiones valorativas que expresan los debates, tensiones ideológicas, políticas, conceptuales y técnicas. Estas tensiones atraviesan las políticas e inciden en la concreción específica y operacional de cada uno de sus componentes, tal como se plantea ampliamente en los debates internos del estudio y análisis de las políticas sociales, según recogemos de autores como Meny & Thoeing (1992) y Muller (2000).

Desde estos desarrollos las políticas sociales se estructuran como escenarios abiertos en los que se despliegan fuerzas y dinamismos sociopolíticos. A estos concurren también múltiples racionalidades y sistemas simbólicos, opciones políticas, ideológicas, técnicas y disciplinares, que se materializan en actores diversos entrelazados en procesos de interacción y negociación a distintos niveles.

Ahora bien, si hacemos un repaso global de esta literatura, se distinguen tres dimensiones o ejes de tensión y diversidad en las políticas sociales,  relacionados con la noción de éstas, y con diferencias sustantivas en la configuración institucional y técnica que condiciona la implementación de intervenciones sociales en las que  participa la psicología comunitaria. Estas dimensiones resultan claves de tener en cuenta al analizar, investigar y orientar líneas de acción tendientes a potenciar este vínculo y favorecer la influencia de la disciplina.
La primera dimensión, se refiere al continuo que se establece entre las nociones y la función o el fin último que orienta la política social, en el cual a su vez se distinguen cuatro polos o formas diferenciadas:

  1. La primera considera que sus funciones son gestionar la asistencia y la protección social y resolver problemas sociales o dar respuesta a necesidades sociales. Desde esta perspectiva, el rol de las políticas sociales es básicamente paliativo o compensatorio: intenta cubrir las necesidades de los sujetos que no están en condiciones de satisfacerlas a través del mercado o la familia, y  están dirigidas (focalizadas) a los grupos sociales en situación de pobreza (Abramovich, 2006; CEPAL, 2006; Herrera & Castón, 2003).
  2. La segunda, supone plantearlas como una acción institucional funcional a los requerimientos y/o costos del crecimiento. El énfasis está puesto en el desarrollo de instrumentos o mecanismos de integración y cohesión social que permitan, por un lado, mantener la pertenencia a una comunidad sociopolítica, y, por otro, garantizar las condiciones de vida necesarias para sostener y promover el bienestar social de la población, con el objetivo de asegurar el orden, la gobernabilidad y la regulación de los conflictos sociales (Herrera & Castón, 2003).
  3. La tercera, apunta a asegurar la reproducción y el desarrollo del capital humano necesario para el funcionamiento del todo social, a través de la promoción del bienestar y de la calidad de vida, para disponer de fuerzas productivas adecuadas a las necesidades de crecimiento económico (Herrera & Castón, 2003).
  4. La última, implica concebir las políticas como instrumento de expansión de los derechos sociales, entendidos estos como un complemento y evolución que va de los derechos civiles y políticos a los sociales. Estos, a su vez, están orientados y regulados por el desarrollo de ciudadanía, entendida ésta no sólo como la pertenencia del individuo al Estado, sino más bien como resultado de un complejo de derechos-deberes de los “sujetos de ciudadanía”, ya se trate de individuos o de actores colectivos (Abramovich, 2006; CEPAL, 2006; Herrera & Castón, 2003).

La segunda dimensión o eje se refiere al tipo de actores implicados en las políticas y a la relevancia de sus dinámicas de interacción y negociación, en las que se reconocen dos tipos básicos.

  1. Un primer tipo básico en el cual la gestión e implementación de políticas comporta una actividad de agentes gubernamentales, cuyo rol principal es tomar  decisiones en materia de políticas sociales. Además, se da aquí una separación nítida entre Estado y sociedad y el proceso de gobierno es en esencia controlado unilateral y jerárquicamente por un solo actor, el estatal (Braun, 1999; Roth, 2008).
  2. Un segundo tipo básico en el que las políticas sociales son concebidas e implementadas teniendo en cuenta las dinámicas de negociación y las competencias y capacidades de los diversos agentes y actores que participan en ellas. Estos incluyen tanto quienes hacen las políticas, los administradores y los técnicos sectoriales, como los colectivos sociales de interés, los expertos, los grupos académicos y  los comunicadores,  que integran redes, coaliciones y agrupaciones. Se considera que todos ellos son interdependientes y aportan los conocimientos y los recursos técnicos y políticos necesarios para el desarrollo de las  políticas en sus diversos niveles y fases (Fischer, 2003Muller, 2000; Rein & Schön, 1993; Stone, 2001).

La tercera dimensión corresponde a la relevancia que se le asigna a los procesos de negociación/discernimiento de significado respecto de las necesidades, problemas e intervenciones en el proceso de formulación, implementación y evaluación de una política.
En esta se distingue:

  1. Un primer polo, donde las políticas sociales son concebidas e implementadas como procesos de elección racional que priorizan el conocimiento técnico objetivo y están orientadas a maximizar los beneficios a la hora de resolver los  problemas sociales. Desde este punto de vista, una política es un proceso sistemático y regulado de toma de decisiones técnicas frente a una realidad objetiva, a partir de procesos racionales básicos y conocimiento científico cierto y objetivo (Braun, 1999).
  2. Un segundo polo, en el cual las políticas sociales se implementan y determinan a base de procesos de discernimiento social de conflictos sociales, concebidos como dinámicas de interpretación y negociación de sentidos, en el seno de las cuales los distintos actores se posicionan y organizan sus acciones. Aquí, la política social es concebida como un proceso de diálogo, negociación y conflicto de marcos interpretativos o estructuras de significado de la realidad en donde se posicionan los actores sociales relacionados, que operan como principios organizadores que transforman la información fragmentada de una realidad o fenómeno social en un problema político estructurado y significativo (Braun, 1999; Muller, 2000; Stone, 2001).

Conclusiones
De lo expuesto surgen, al menos, dos conclusiones. En primer lugar, que las políticas sociales son un ámbito de interés y preocupación para la psicología comunitaria. Se han desarrollado, y están en curso, líneas de análisis, de reflexión y crítica, que dan cuenta de sus contribuciones en distintos períodos y para diversas realidades regionales y colectivos académicos.  A este respecto cabe resaltar que la psicología comunitaria posee un potencial de aporte a las políticas sociales, tanto en lo que respecta a sus recursos como campo científico, en relación con las distintas fases del ciclo de las políticas, como también respecto de sus nociones y distinciones característica de su acumulado conceptual y técnico. Así como también en esta vinculación se enfrentan riesgos y tensiones necesarias de abordar y resolver.

En segundo lugar, resulta evidente que las políticas no pueden asumirse como un todo monolítico y unitario que está al margen y no expresa los debates, tensiones ideológicas, valorativas, políticas, conceptuales y técnicas presentes en el todo social. Dejar fuera de las políticas sociales estos múltiples procesos de interacción y negociación de sentidos y significados supone asumirlas sólo como un campo técnico que se ordena de manera neutral en pos del bien social general y donde prima la racionalidad.

Debemos, por tanto, trabajar en psicología comunitaria con y desde una noción de políticas sociales que considere al menos tres  puntos básicos:

  1. Los modelos de referencia (nociones, modelos, etc.) son relevantes en su conformación. En particular, las funciones sociales de las políticas sociales, que son jerarquizadas en una determinada situación, integran combinaciones diversas entre distintas lógicas de asistencia y protección, de cohesión y control social y de derechos sociales y constitución de ciudadanía, que dan estructuras a órdenes institucionales, que sustentan y expresan nociones de Estado diferentes.
  2. Los procesos generadores y estructuradores de políticas sociales incluyen múltiples agentes provenientes de diversas esferas políticas, institucionales, académicas, sectoriales.
  3. Los procesos de interacción y negociación entre estos actores, a base de sus marcos interpretativos, ideas y representaciones, son dimensiones básicas a la hora de comprender e incidir sobre las políticas sociales.

Las políticas sociales son una construcción social en la que los espacios de negociación, -técnica, teórica, ideológica y política-, son cruciales y en el que la psicología comunitaria y sus actores, tienen un campo por explorar y en el que participar. Asumir esta relación supone atender y enfocar el trabajo, tanto en el campo de construcción teórica, análisis de problemas, diseño y observación de políticas, como en el del análisis de prácticas sociales de intervención, trascendiendo la sola referencia a las apreciaciones meramente conceptuales y considerando, por tanto, los contextos relacionales y de actores sociales de construcción y de implementación.

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autores

Jaime Alfaro Inzuza Jaime Alfaro Inzuza

Jaime Alfaro Inzunza (jaldaro@udd.cl) 
Psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Máster en Intervención Psicosocial de la Universidad de Barcelona.
Doctor en Ciencias Sociales y de la Educación de la Universidad de Girona.
Académico Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo.

UDD Santiago Av. Plaza 680, San Carlos de Apoquindo, Las Condes 

Su trabajo de investigación aborda temáticas relativas Psicología Comunitaria y el desarrollo de intervenciones en políticas sociales, así como el estudio de Bienestar Subjetivo en infancia y adolescencia.


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palabras clave: Community Psychology; Social Policies; Community action in social policy